Argentina en el limbo

Dalibor Eterovic

Después del inesperado resultado de las elecciones primarias argentinas, todo indica que el candidato opositor Alberto Fernández está a un paso de ganar la Presidencia en octubre y que en diciembre Cristina Fernández de Kirchner estará nuevamente en la Casa Rosada, aunque en el rol de vicepresidenta.

Los efectos económicos ya se dejan ver. El aumento de la probabilidad de retorno a políticas populistas frenó en seco la frágil capacidad que tenía el gobierno de Macri para refinanciar la deuda fiscal, e incrementó la presión sobre las reservas internacionales, usadas por el Banco Central en su intento por estabilizar el peso argentino. La falta de liquidez en dólares obligó al nuevo ministro de Finanzas a anunciar como primeras medidas el re-perfilamiento de la deuda pública con vencimiento de corto plazo, la intención de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y discutir con los tenedores de bonos bajo ley internacional una posible extensión de la deuda. Como era de esperar, las agencias clasificadoras bajaron la deuda argentina a default selectivo, los mercados financieros reaccionaron negativamente y los depósitos en dólares se desplomaron en el sistema bancario. Para evitar que la corrida se expandiera, el gobierno tuvo que imponer restricciones cambiarias limitando las transacciones a dólares en US$ 10.000 al mes.

Con ello el gobierno ha logrado estabilizar los mercados, pero con un premio por riesgo arriba de 20%, este equilibrio es sumamente inestable. El próximo gobierno deberá tomar una decisión más temprano que tarde sobre cómo enfrentar la situación fiscal y la negociación de la deuda con el FMI y los tenedores de bonos internacionales. Tres reestructuraciones recientes pueden ser usadas como parámetros.

La primera es Uruguay 2003, que pidió a los acreedores postergar el cobro del capital por cinco años, sin rebaja de interés ni capital. Esta propuesta consiguió una aceptación del 93% de los bonistas, lo que permitió evitar el default y mantener acceso a financiamiento internacional. La segunda es Ucrania 2015, que pidió alargar plazos a cuatro años, con rebaja del 20% del capital, y gracias a las cláusulas de acción colectiva consiguió el 100% de aceptación y un rápido retorno a los mercados internacionales. Finalmente, Argentina 2005 fue mucho más agresiva, alargando los plazos en 30 años y rebajando en 66% el capital. Si bien finalmente obtuvo una aceptación del 76% de los bonistas, el país debió antes pasar cuatro años en default.

La estadía en el limbo durará hasta que el nuevo gobierno tome control de la situación. Ahí deberá decidir si modera sus políticas y presenta un paquete económico que contenga extensiones de la deuda y tratamiento amigable a los bonistas, a cambio de un superávit fiscal primario de al menos 1.5% del PIB. Esto le daría al país una oportunidad para crecer; o si opta por aumentar el desequilibrio fiscal, las fijaciones de precios y los controles de capital junto con una quita de la deuda fiscal mayor que en 2005, dejando al país sin financiamiento internacional y con bajas perspectivas de crecimiento por los próximos años. Por ahora, difícil hacerse demasiadas ilusiones.